El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el de Justicia, Francisco Caamaño, han decidido impugnar ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJPV la orden del Gobierno Vasco del pasado 24 de marzo, por la cual convocó subvenciones por importe de 225.081 euros a desplazamientos de familiares para visitar a personas penadas o en prisión preventiva realizados en 2008.

Azkarraga califica de “oportunismo político” el recurso

El consejero vasco de Justicia en funciones, Joseba Azkarraga (EA), ha denunciado “el oportunismo político” del Gobierno español al solicitar recurrir el decreto de ayudas a familiares de presos. Azkarraga ha subrayado la falta de etica y coherencia del gobierno del PSOE al no haber impugnado anteriormente estas ayudas y solicitar. Según el consejero “es un intento de enarbolar una bandera simbólica que no pretende más que un acoso y derribo al Gobierno vasco, e intentar descalificar todo lo que hace”.

El miembro de Eusko Alkartasuna ha aprovechado la ocasión para  recordar que este tipo de ayudas son para familiares de presos de “cualquier índole”, indistintamente del delito cometido, por lo que además de familiares de presos condenados por terrorismo también se encuentran entre los beneficiarios familiares de “presos comunes”. El Departamento de Justicia habría recibido numerosas consultas por parte de familiares de presos comunes ”dejando clara su difícil situación económica y la imposibilidad de hacer frente a los costes que suponen los traslados”.