Gobierno Vasco acusa a ELA de manipular datos y afirma que la pobreza sí ha bajado

El Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social en funciones ha acusado hoy a ELA de “manipular” los datos de la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales, y ha afirmado que la pobreza sí que ha bajado en los últimos años.

En un comunicado, el Departamento de Justicia ha realizado una serie de “puntualizaciones” al informe del sindicato ELA sobre la pobreza en Euskadi, que fue presentado ayer.

El Gobierno Vasco ha acusado a ELA de “manipular” datos y de interpretarlos de manera “sesgada”. Concretamente, se ha referido a la conclusión ofrecida por el sindicato de que “las tasas de pobreza se han mantenido estables en el País Vasco en los últimos 12 años, a pesar de las políticas de protección”, y ha asegurado que ELA sólo hace referencia a uno de los indicadores de pobreza, la tasa de pobreza de mantenimiento.

En cambio, “olvida otros indicadores como el de la pobreza de acumulación, cuyas tasas han descendido notablemente entre 2004 y 2008 -del 2,2% de la población en 2004 hasta el 0,7% en 2008″.

Asimismo, el Departamento de Justicia ha considerado “muy llamativo” que ELA no tome en consideración “el indicador sintético más importante, la tasa de pobreza real, que pone de manifiesto una caída continuada desde 1986 hasta 2008, pasando en este periodo del 8,3% al 3,2% de la población -3?5% en 2004″.

“Lo mismo ocurre con el indicador de ausencia de bienestar, que marca en 2008 los mínimos de población afectada, tras haberse reducido a menos de la mitad en estos 20 años”, ha agregado.

El Departamento de Justicia ha atribuido esta “mejora” a la “efectividad” de las políticas aplicadas de lucha contra la pobreza y ha subrayado que Euskadi se encuentra “en el grupo de los países de la UE con menores tasas de pobreza, superados únicamente por Finlandia y la República Checa”.

En cuanto a la Ley de Garantía de Ingresos, el Departamento de Justicia ha dicho que es “falso” que no suponga avances y que pueda llegar a empeorar las prestaciones que reciben los colectivos en situación de exclusión al incluir nuevos requisitos para su cobro.

“La Ley reconoce el derecho a nuevas prestaciones como el Complemento de Pensiones, el de Vivienda y el de familias monoparentales”, lo cual “supone un aumento del esfuerzo presupuestario en más de 60 millones de euros anuales”, ha subrayado.

También ha negado que la Comunidad Autónoma Vasca esté lejos de la convergencia con Europa en gasto contra la exclusión social y ha recordado que en 2004, Euskadi superaba el gasto medio europeo en lucha contra la exclusión medido en unidades de paridad de compra (0,45% frente al 0,39% de la UE y el 0,19% del Estado Español).

Respecto al temor apuntado por ELA de que los perceptores de ayudas de protección social pueden ver disminuidas las cuantías de las mismas con la nueva regulación, el Departamento de Justicia ha acusado a ELA de estar contribuyendo “a crear una alarma social gratuita e injustificada”.

Por otro lado, ha defendido la idoneidad de los sistemas de acompañamiento de los beneficiarios de las ayudas, contemplados en la nueva regulación, y ha considerado que ELA debería centrar sus esfuerzos en reivindicar un SMI y unas pensiones que estén por encima del umbral de la pobreza.

“Evitando de esta forma la asistencialización de los perceptores de esas rentas y la degradación de los derechos de trabajadores y pensionistas, y no esperar y exigir, situándose en una política neoliberal muy en boga en esos momentos, que sea el sistema de asistencia social el que solucione el problema de las rentas de trabajo y pensiones bajas”, ha concluido.